La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha trasladado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, las principales preocupaciones y reivindicaciones del sector primario cántabro durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Pesca, Agricultura y Desarrollo Rural, y los consejos consultivos de Política Pesquera y Política Agraria para Asuntos Comunitarios, celebrada en la tarde de ayer.
En su intervención ha mostrado su “gran preocupación por el impacto del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur sobre agricultores y ganaderos pues, estamos viendo cómo el sector primario está en las calles reclamando una defensa de su profesión y exigiendo las mismas exigencias sanitarias, fitosanitarias y medioambientales para los productos que llegan a Europa”.
En este contexto, Susinos ha pedido al ministro que “escuche al sector y que articule los mecanismos y herramientas que protejan realmente al sector primario, y que desde el Gobierno de España se exijan garantías reales y palpables a la Comisión Europea”. Según la consejera “no podemos conformarnos con cláusulas que sean sólo humo; necesitamos garantías reales y palpables de que se van a cumplir las salvaguardas establecidas en el acuerdo recientemente firmado”.
También ha reclamado el refuerzo “inmediato” de los controles en frontera para los productos importados a Europa, y que se refuercen de manera inmediata los puntos de inspección fronteriza de los puertos estatales, dotándolos de más recursos humanos y técnicos.
Además, la consejera se ha sumado a la petición de crear un fondo de contingencia, un fondo que permita compensar al sector primario por las posibles pérdidas que se les puedan ocasionar con la firma de este acuerdo.
María Jesús Susinos ha reiterado el apoyo del Gobierno de Cantabria al ministerio ante la negociación de la nueva Política Agraria Común (PAC), para la que queda mucha negociación para que la nueva PAC cuente con un presupuesto suficiente y podamos avanzar en la tan necesaria simplificación administrativa”.
En materia de sanidad animal, la consejera ha abordado la dermatosis nodular contagiosa pidiendo al Ministerio que lidere una posición común en Europa para rebajar su clasificación.
“Le pediría que ponga a la cabeza de Europa a España y que solicite a la Comisión Europea rebajar la categoría de la enfermedad de A a B, como lo está pidiendo el sector primario”, ha mantenido Susinos.
Según ha concretado la consejera, la actual clasificación conlleva medidas de erradicación extremadamente restrictivas, como el sacrificio obligatorio, amplias restricciones de movimiento de animales y la suspensión de la actividad ganadera en zonas muy extensas, que, “si bien fueron comprensibles en una fase inicial, no resultan plenamente proporcionales al riesgo real actual y la reclasificación de la enfermedad a la categoría B, permitiría aplicar medidas de control más flexibles, priorizar la vacunación y reducir el impacto económico y social sin menoscabar el estatus sanitario”.
Sobre si la rebaja de dicha categoría pueda afectar a los mercados internacionales a los que se destinan los productos españoles, según Susinos, “si toda Europa toma esta decisión de manera conjunta, los mercados no van a castigar a la Unión Europea”, ha afirmado.
Sector pesquero
Finalmente, en cuanto al sector pesquero, la consejera ha agradecido al ministro Planas “la sensibilidad con la que ha recogido la propuesta del sector de flexibilizar al máximo las obligaciones contempladas en el reglamento de inspección y control”.
En este sentido, ha solicitado que la resolución que contemple todos estos puntos se publique de una manera rápida y que la Comisión acepte lo que España haya acordado con el sector pesquero en la jornada anterior.
En relación con la fijación definitiva del TAC y de la cuota para la pesca del verdel, la consejera ha defendido la posición del sector pesquero cántabro y ha reclamado una reducción acorde con los criterios científicos. “Compartimos la posición del sector pesquero cántabro de que se acuerde una reducción del 48% y no del 70%, como en principio se adoptó en el Consejo de Ministros del pasado mes de diciembre”, ha remarcado.
Asimismo, ha advertido sobre la incoherencia que supondría penalizar a los Estados que cumplen las normas: “sería contrario al sentido común que aquellos Estados que han practicado una sobrepesca de verdel durante los últimos cuatro años, de nuevo se salten los criterios científicos, y acuerden seguir sobrepescando, mientras los Estados comunitarios tengamos que soportar una reducción del 70% y la entrada en el mercado de esas capturas”, ha insistido la consejera.
Por ello, ha reiterado la necesidad de mantener una posición firme pues, a su juicio, “una reducción del 48% y no del 70% es la propuesta con la que tenemos que alinearnos”.
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