Fontibre respira un aire denso, entre el olor a estiércol y la sombra de la sospecha. El que fuera presidente del Concejo Abierto entre 2003 y 2015, señalado por falsificar actas oficiales, ha salido absuelto. La Audiencia Provincial de Cantabria ha dictado que no hay pruebas “suficientes e inequívocas” para condenarlo por haber inventado juntas que nunca existieron, acuerdos que jamás se aprobaron y la presencia de vecinos que ni asomaron por la puerta.
Durante meses, el caso se vendió como un escándalo de manual: un alcalde pedáneo que, según la Fiscalía, habría convertido el libro de actas en un teatro de sombras para aparentar legalidad, firmando acuerdos que eran pura ficción. La petición de condena era dura: entre cinco y seis años de prisión y miles de euros en multas. Pero la sentencia llegó fría: absolución.
Los jueces reconocen que en el libro figuran tres actas sospechosas, fechadas entre 2013 y 2014, pero aseguran que no hay forma de probar que esas reuniones no se celebraron o que lo escrito fuera una invención consciente. En otras palabras: la duda juega a favor del acusado.
El propio expresidente, ganadero de formación básica, se defendió asegurando que apenas sabía redactar y que las actas las hacían “unas amigas”. “Nunca firmé por otros”, dijo, reclamando su inocencia. Y la Justicia le creyó.
La pregunta que queda flotando es incómoda: ¿se trata de un inocente que sufrió un proceso desmedido o de un político que supo jugar bien sus cartas para esquivar la cárcel? En Fontibre, las actas ya no se leen como documentos administrativos, sino como páginas de un misterio sin resolver.
Porque aunque la absolución es clara, la sospecha ya está sembrada. Y en un pueblo pequeño, las sombras pesan más que cualquier sentencia.
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