Podemos Cantabria ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo en relación con el Proyecto de construcción ACD Engaña: mejora de plataforma y ejecución de carril bici-peatonal compartido de acceso al túnel de La Engaña, promovido por el Gobierno de Cantabria y financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (NextGenerationEU).
La denuncia pone en conocimiento del Ministerio Fiscal la posible ausencia de evaluación de impacto ambiental, así como de evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000, pese a los impactos previsibles del proyecto y a su localización en un entorno ambientalmente sensible del valle del Pas.
Desde Podemos Cantabria advierten de que el proyecto de acceso al túnel de La Engaña se integra en una estrategia turística de gran capacidad, orientada a canalizar más de 195 000 visitantes anuales, sin que conste una evaluación ambiental adecuada de los impactos que un flujo de esta magnitud puede generar en un entorno de alto valor ecológico.
Asimismo, se señala la posible tramitación separada de actuaciones funcionalmente vinculadas, como el acceso actualmente en ejecución y la infraestructura asociada al futuro teleférico del Mirador del Pas, lo que podría haber impedido una evaluación conjunta de los impactos ambientales acumulativos, tal y como exige la normativa europea y estatal. En este contexto, desde Podemos Cantabria recuerdan que la Comisión Europea ha señalado expresamente que, con independencia de que un proyecto esté o no sujeto a evaluación de impacto ambiental, cualquier plan o proyecto que pueda afectar de forma apreciable a un espacio de la Red Natura 2000 debe someterse obligatoriamente a una evaluación adecuada de sus repercusiones, conforme al artículo 6.3 de la Directiva Hábitats.
La denuncia también alude a la tramitación urgente del proyecto, que habría reducido los plazos de participación pública sin que conste una justificación objetiva suficiente. Desde Podemos Cantabria se subraya que el objetivo de esta actuación es garantizar el cumplimiento de la legalidad ambiental, la correcta protección de los espacios naturales y el respeto al principio europeo de no causar un perjuicio significativo (DNSH) en el uso de fondos públicos europeos.
La formación confía en que la Fiscalía valore los hechos denunciados y, en su caso, incoe las diligencias de investigación oportunas para esclarecerlos.
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