La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado hoy en el Parlamento que el plan de medidas en el que trabaja el Gobierno regional para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio se aprobará “muy pronto” y movilizará al menos 40 millones de euros, en el marco del presupuesto para 2026.
Según ha avanzado, este primer paquete se estructurará en varios ejes e incluirá iniciativas de protección social y de apoyo a los sectores más afectados. En concreto, el Ejecutivo cántabro facilitará liquidez y financiación a empresas y autónomos e implementará acciones para reducir el impacto derivado del aumento de los costes energéticos.
Asimismo, pondrá en marcha otras medidas encaminadas a proteger el comercio minorista, reforzar la exportación y la promoción, y mejorar la vigilancia, la asistencia y la coordinación con los diferentes colectivos implicados.
De esta forma, la presidenta ha señalado que Cantabria destinará en total más de 61 millones de euros para hacer frente a esta coyuntura, sumando los 21,6 millones de euros que la comunidad va a invertir hasta el 30 de junio para financiar el plan de choque diseñado por Estado, a razón de 7,2 millones al mes.
“Es un yo invito y tú pagas”, ha dicho Buruaga sobre un documento que “se ha quedado corto” y es “insuficiente”, porque, a su juicio, algunas medidas deberían tener carácter permanente para dar respuesta a “problemas estructurales” como el diferencial energético o la situación que padece la industria electro intensiva. Además, ha lamentado que no contiene ninguna medida de actualización del IRPF para frenar la inflación que viene “erosionando” el poder adquisitivo de las familias.
Por este motivo, la presidenta cántabra ha vuelto a reclamar al Gobierno de España tres cuestiones: en primer lugar, la suspensión de las reglas fiscales y la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, “porque es imposible atender las necesidades de 2026 con los ingresos de 2023”; en segundo lugar, la aprobación de un marco general europeo para compensar el aumento de los costes de los carburantes y, en tercer lugar, la habilitación de una cláusula extraordinaria que permita, excepcionalmente, la revisión de precios de los contratos públicos ante el encarecimiento de los materiales, tal y como demandan los sectores productivos.
“Reacción inmediata”
En su intervención en el Pleno del Parlamento, María José Sáenz de Buruaga ha defendido la “reacción inmediata” de Cantabria ante una “crisis global” que exige “soluciones a nivel de país” y a la que la comunidad ha respondido, desde que estalló el conflicto, cogiendo “el toro por los cuernos”.
En este sentido, ha recordado que la primera decisión fue crear un Comité de Coordinación con los diferentes sectores afectados para evaluar el impacto de la guerra y abordar las propuestas que posteriormente trasladó al Gobierno de España, algunas de las cuales han sido atendidas, como la rebaja del IVA, del impuesto especial de la electricidad y del de hidrocarburos, y otras, “desoídas”.
Del mismo modo, ha reivindicado las medidas que su Gobierno ha adoptado en esta legislatura para apoyar a las familias y a las empresas. Entre ellas, ha destacado las tres bajadas sucesivas de impuestos, las ayudas a los autónomos, las compensaciones a los ganaderos por las pérdidas de la PAC, las bonificaciones al transporte público, el mantenimiento del complemento de la Renta Social Básica o las iniciativas para favorecer el acceso a una vivienda asequible.
“A nosotros no nos ha hecho falta que estallara una guerra para tomar medidas en favor de los cántabros, que están en mejores condiciones hoy que cuando llegamos al Gobierno, para hacer frente a la inflación y a los efectos de esta crisis”, ha subrayado Buruaga.
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