La Junta de Personal de la plantilla funcionaria y el comité de empresa del personal laboral de la Administración General del Gobierno de Cantabria han rechazado por unanimidad “la imposición unilateral” de la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2025 y solicitado por escrito la apertura de una negociación “que permita llegar a un acuerdo como con las del año anterior”.
En un comunicado conjunto, los dos órganos sindicales reiteran su rechazo “a unas futuras oposiciones sin fase de concurso” y reclaman a la Consejería de Presidencia el inicio de unas negociaciones que permitan incluir en la convocatoria la valoración de la experiencia profesional.
“El escenario en el que nos movemos con la OPE 2023-2024 indica, entre otras cuestiones, que ya la fase de concurso tiene un porcentaje reducido (25% del total), que la interinidad no logra bajar ni con mucho al 8% requerido por Europa o que la tasa de reposición no permite convocatorias en número real a las necesidades existentes”, precisa el comunicado de la Junta de Personal y el Comité de Empresa del Ejecutivo autonómico.
Los sindicatos confían en que “a lo largo de los próximos días pueda producirse la reunión y se llegue a un acercamiento de posturas” y matizan que “es evidente que la parte social no estamos pidiendo nada que no exista en otros sectores de empleo público también autonómico, como Sanidad y Educación”.
“A esta realidad de otros ámbitos se suma la existencia de plazas desiertas que, de seguir con el planteamiento dado en rueda de prensa por el Gobierno de Cantabria, serán convocadas bajo dos procedimientos distintos”, agrega el comunicado sindical.
La Junta de Personal y el Comité de Empresa de la Administración General del Gobierno de Cantabria advierten que “de no producirse esta negociación, no descartamos ninguna medida, contando con el respaldo de las personas opositoras, y se realizarían acciones de protesta y movilizaciones”.
De todos modos, los dos órganos sindicales creen “que aún estamos en tiempo de diálogo y negociación y por ello, tendemos la mano a la máxima responsable del empleo público”.
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