El Gobierno cántabro intentará calmar el descontento juvenil con una medida de emergencia: en 2026 lanzará avales públicos del 20% para ayudar a menores de 45 años con ingresos medios a acceder a su primera vivienda. Lo ha anunciado la presidenta María José Sáenz de Buruaga durante el Debate de Orientación Política, reconociendo de forma implícita que tener casa propia en Cantabria se ha convertido en un privilegio.
Pero la batería de anuncios no se quedó ahí. Buruaga también avanzó una reforma legal para que quienes cobran la Renta Social Básica puedan compatibilizarla temporalmente con ingresos por trabajo. Una medida que, según dijo, busca “activar” a estas personas, aunque no aclaró cómo se les garantizará un empleo digno, más allá de un plan piloto en algunos municipios.
En materia de vivienda pública, la presidenta sacó pecho con cifras que suenan a campaña: promete 535 nuevas viviendas protegidas construidas antes de 2027, más del doble del parque actual. A ellas se sumarían otras 24 en Cazoña. Todo sobre el papel, claro.
En cuanto al drama de los derribos, con casi 500 familias atrapadas en un limbo legal y urbanístico desde hace años, Buruaga prometió soluciones “reales y efectivas”: viviendas de sustitución, chalets acabados, nuevas construcciones y un fondo de más de siete millones. Pero la realidad es que buena parte de esas personas siguen esperando mientras los procedimientos judiciales se eternizan.
La presidenta recordó los 20 millones que el Gobierno ha destinado a indemnizaciones desde 2023 y defendió su “compromiso absoluto” con los afectados. Lo cierto es que ese compromiso llega tarde para muchas familias que llevan años pagando el coste de la inacción política.
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