Marina de Cudeyo, 28 de noviembre de 2025 – El alcalde de Marina de Cudeyo, Pedro Pérez Ferradas, acompañado por otros miembros del equipo de gobierno, se reunió en la tarde ayer, jueves, con los vecinos afectados por el Estudio de la nueva línea ferroviaria entre Bilbao y Santander. Durante el encuentro, el alcalde trasladó a los asistentes su solidaridad y apoyo en nombre del Ayuntamiento, expresando de forma clara la oposición del equipo de gobierno al Estudio, solicitando su retirada inmediata. En este contexto, hizo lectura del siguiente comunicado municipal, que ahora se comparte con los medios de comunicación:
El Ayuntamiento de Marina de Cudeyo exige la retirada del Estudio para la nueva línea ferroviaria entre Bilbao y Santander por los siguientes motivos:
1. El coste total estimado asciende a 3.985 millones de euros, incluyendo obra civil, señalización, comunicaciones, electrificación y reposición de servicios.
2. El propio Estudio reconoce que el proyecto —una infraestructura de altas prestaciones con velocidad de diseño de 250 km/h— no resulta rentable desde el punto de vista socioeconómico.
3. El impacto ambiental y paisajístico sería extremadamente elevado, forzando la orografía local hasta límites inaceptables. Y es que. históricamente, la complejidad del terreno y el trazado sinuoso han impedido mejoras sustanciales en velocidad y capacidad ferroviaria.
4. El estudio de rentabilidad de Adif demuestra que ninguna de las alternativas propuestas alcanza los criterios habituales de viabilidad económica exigidos por el Ministerio de Transportes y la Unión Europea, situando la tasa interna de retorno (TIR) entre el 0,40% y el 0,51%, muy por debajo del 3% de referencia y reconoce que la previsión de demanda se considera insuficiente para justificar una inversión de esta magnitud.
5. No existen precedentes de proyectos que hayan salido adelante con previsiones tan desfavorables como las que recoge este Estudio de Adif.
6. El proceso administrativo podría prolongarse más allá de 2040, ya que el Estudio entra ahora en fase de información pública durante 30 días y en tramitación ambiental ante el Ministerio para la Transición Ecológica.
Sin calendario ni financiación asignada, el proyecto parece responder más a una aspiración técnica y política a largo plazo que a una planificación real.
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7. Las consecuencias sobre los derechos de los afectados son graves, ya que la suspensión de licencias entre 12 y 18 meses genera una situación de inseguridad jurídica inaceptable.
8. Cantabria carece de un plan regional de ordenación del territorio, lo que hace inviable este proyecto y cualquiera de características similares.
9. El impacto humano es el aspecto más preocupante. Las viviendas y negocios afectados pertenecen a personas que viven y trabajan en el municipio. Resulta descorazonador comprobar cómo la administración actúa bajo una lógica deshumanizadora, ignorando el sufrimiento emocional causado por un acto administrativo ajeno a la realidad del territorio.
10. No está justificada ni la utilidad pública ni el interés social, requisitos legales imprescindibles para iniciar cualquier proceso expropiatorio. PRIMEROS PASOS PARA LOGRAR LA RETIRADA DEL ESTUDIO
El alcalde explicó también las actuaciones que el Ayuntamiento llevará a cabo:
• Presentación de alegaciones antes del 22 de diciembre. Se apurará el plazo hasta la semana del 15 de diciembre para que sean lo más sólidas, argumentadas y completas posible, recabando toda la información e informes necesarios.
• Envío de un comunicado de prensa a todos los medios dejando clara la oposición del Ayuntamiento al Estudio-Proyecto.
• Trabajo conjunto con la oficina técnica municipal para reforzar las alegaciones en la línea expresada.
• Contratación de una prestigiosa ingeniería para elaborar un informe que permita dar la mejor respuesta técnica posible.
• Ambos trabajos serán fundamentales tanto para las alegaciones como para la oposición política ante las administraciones y en el ámbito mediático.
• Información continua a los afectados que así lo deseen acerca de cada novedad o acción realizada por el Ayuntamiento.
• Preparación de un modelo de alegación para quienes quieran utilizarlo y establecimiento de un día y hora para ofrecer ayuda presencial.
• Contacto con los demás ayuntamientos afectados, especialmente los más próximos, para conocer su postura y coordinar propuestas e iniciativas.
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