El alcalde, Miguel González, ha denunciado la “pasividad y la dejación de funciones” del delegado del Gobierno de España en Cantabria, Pedro Casares, ante la negativa de responder a la solicitud formal de compensación económica presentada por el Ayuntamiento de Laredo el pasado 6 de abril de 2026. “Transcurridos diez días desde la recepción de dicho oficio, la Delegación del Gobierno no ha emitido respuesta alguna, sumando así el último eslabón de una cadena de silencios institucionales que los laredanos ya no están dispuestos a seguir sosteniendo con su dinero”, ha señalado.
Tal y como explicó González en dicho oficio, ante la ausencia de calabozos habilitados en la comarca, el municipio ha asumido desde hace más de dos décadas la custodia de detenidos procedentes de las comandancias de Laredo, Ramales de la Victoria y Ampuero. Desde hace aproximadamente tres años, este servicio se ha extendido también a Castro Urdiales y otras comisarías de la zona oriental de Cantabria. “En la práctica, el Consistorio pejino lleva sustentando con su presupuesto un servicio público de titularidad y financiación estatal que el propio Estado no ha sido capaz de resolver”, ha manifestado.
El Informe de Intervención cuantifica con precisión el “perjuicio económico” que el Ayuntamiento de Laredo viene sufriendo año tras año. El coste directo del servicio de custodia de detenidos en los calabozos de la Policía Local asciende a 194.467,73 euros anuales, que se eleva a 200.301,76 euros al incorporar tan sólo un 3% en costes indirectos, muy por debajo del estándar del 10% habitual en otros servicios municipales.
Más de cuatro millones de euros en 20 años
El cálculo incluye el coste salarial de los agentes de Policía Local asignados al servicio de guardia nocturna durante 308 noches al año, a una media de 43,45 euros por hora más seguridad social, así como el coste del servicio de limpieza de las celdas. Este gasto, acreditado documentalmente, lleva acumulándose durante más de veinte años, lo que supone que el Estado le adeuda a Laredo más de cuatro millones de euros en concepto de un servicio público de su propia competencia.
El alcalde ha querido subrayar el impacto real de este gasto para la ciudadanía: “Cada euro que se destina a financiar un servicio del Estado es un euro que no se invierte en los laredanos. Llevamos más de veinte años supliendo la irresponsabilidad del Gobierno central, y Casares ni siquiera tiene la decencia de contestar a un oficio formal. Esto no es gestión institucional, es abandono”.
“Un delegado que viene de visita, pero no escucha”
El alcalde González ha lamentado que la problemática le fue trasladada personalmente al delegado en su última visita oficial a Laredo, sin haber recibido “respuesta, compromiso ni propuesta de resolución por parte de la Delegación del Gobierno”. “Casares viene de visita institucional pero no escucha, y esa es su obligación: atender y trasladar las demandas legítimas de los municipios al Gobierno central. Eso es lo que se espera de un delegado del Gobierno, y eso es precisamente lo que no está haciendo”, ha afirmado el alcalde.
Del mismo modo, el regidor pejino ha apuntado que “las gestiones realizadas para obtener una reunión con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez García, aprobadas por unanimidad en el Pleno municipal de Laredo, han sido trasladadas en varias ocasiones por distintos medios, sin que hasta ahora se hayan materializado. Una situación se mantiene pese al compromiso adquirido por la propia ministra en febrero de 2024 de estudiar la situación de la Puebla Vieja”.
Laredo traslada el caso al Defensor del Pueblo
Paralelamente, el Ayuntamiento de Laredo ha dirigido hoy un escrito formal al Defensor del Pueblo solicitando su intervención ante el Ministerio del Interior. El escrito cita expresamente la Orden del Ministerio del Interior de 6 de marzo de 2000 (BOE núm. 64, BOE-A-2000-4915), que fija en 35,447694 euros por detenido y día la compensación que la Administración penitenciaria debe abonar a los municipios, módulo que lleva veinticuatro años sin actualizarse, pese a que la propia norma reconocía ya entonces la necesidad de adaptarlo a las circunstancias socioeconómicas reales.
El escrito recuerda además que la propia institución ya emitió en 2020 una recomendación al Ministerio del Interior instando a revisar esta cuantía por insuficiente. Más de cinco años después, esa recomendación sigue sin ser atendida.
El alcalde ha pedido al Defensor del Pueblo que dirija una nueva recomendación al Ministerio del Interior para la actualización urgente del módulo con carácter general para todos los municipios españoles en la misma situación, y que requiera al Ministerio explicaciones por el incumplimiento de la recomendación de 2020. “No estamos solos en esta situación. Esto afecta a muchos ayuntamientos de toda España que llevan años financiando con sus presupuestos locales un servicio que corresponde al Estado. Es un problema estructural que necesita una solución estructural”, ha subrayado González.
Plazo de quince días: respuesta o suspensión del servicio
Ante la persistente falta de respuesta, el Ayuntamiento de Laredo ha remitido hoy un segundo oficio formal reiterando su solicitud y otorgando a la Delegación del Gobierno un plazo improrrogable de quince días hábiles para responder. “Si transcurrido ese plazo no se recibe una respuesta concreta que concrete las medidas de compensación previstas, el Consistorio adoptará las medidas necesarias para defender los intereses de los laredanos, incluida la posibilidad de suspender el servicio de custodia de detenidos para uso de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en las dependencias municipales”, ha advertido.
“El Ayuntamiento de Laredo no es ni puede ser el banco del Estado. Si el Gobierno de España no asume su responsabilidad, esta alcaldía tendrá que tomar decisiones difíciles pero necesarias para proteger las cuentas públicas de todos los laredanos. La responsabilidad de lo que ocurra a partir de entonces será única y exclusivamente del delegado Casares y de quienes en el Gobierno de España han optado por el silencio como respuesta”, ha concluido González.
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