El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha resuelto que la Consejería de Sanidad “no ha respetado el derecho del solicitante a acceder a la información completa en el plazo máximo legalmente establecido” tras la reclamación presentada por Podemos Cantabria en relación con el convenio suscrito entre la Consejería de Salud y el Hospital Santa Clotilde para la lectura de mamografías dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama.
La resolución es contundente y reconoce que “ha sido necesaria la interposición de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho” con lo que se confirma que la Administración no respetó el derecho de acceso a la información pública en el plazo legalmente establecido, dejando en evidencia que la documentación solicitada no fue facilitada de forma completa hasta después de varias reclamaciones formales.
Para Pablo Gómez, miembro del Consejo Ciudadano de Podemos Cantabria, “sin la actuación del Consejo de Transparencia la ciudadanía no habría podido acceder a un expediente administrativo en el que se han detectado errores, irregularidades y ausencia de documentación que debería formar parte obligatoria del procedimiento”. Para Gómez, “hoy es un día de celebración, pero no olvidamos que tenemos otras dos denuncias presentadas ante Transparencia porque se nos sigue negando la documentación relativa a las privatizaciones sanitarias que se están llevando a cabo en Cantabria. No queremos únicamente que nos den la razón; queremos proporcionar a la ciudadanía herramientas para poder defender sus servicios públicos”.
El consejero ciudadano recuerda que “la información no solo se nos negó a nosotras, sino también al conjunto de los partidos políticos y a toda la ciudadanía de Cantabria, privándoles de su derecho a conocer cómo se están gestionando los servicios públicos y a fiscalizar la actuación del Gobierno. La transparencia es un pilar democrático básico, y ese derecho se nos ha negado”. Podemos Cantabria continuará trabajando para defender la sanidad pública y garantizar que la ciudadanía conozca y pueda fiscalizar cada decisión del Gobierno.
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