El Grupo Parlamentario VOX en Cantabria, a través de su portavoz Leticia Díaz, ha presentado hoy una Proposición No de Ley (PNL) exigiendo el cierre inmediato y definitivo de todos los centros de menores extranjeros no acompañados (MENAS) en la región. La formación subraya que la actual política migratoria es un “fracaso absoluto” que pone en grave riesgo la convivencia y la seguridad ciudadana.
Díaz ha denunciado el clima de “miedo y desprotección” que sufren los vecinos de municipios como Castro Urdiales, Mioño, Cartes y Santander debido al aumento de altercados vinculados a la gestión de estos centros. “La seguridad es la base de la libertad”, ha afirmado con contundencia la portavoz, señalando que la única solución responsable ante la incapacidad de las administraciones es el cese total de la actividad de estos alojamientos.
Un fraude de ley subvencionado
Durante su intervención, Leticia Díaz ha aportado datos alarmantes de la Memoria de la Fiscalía, revelando que la mitad de los supuestos menores que se someten a pruebas de edad resultan ser adultos de más de 18 años. “No estamos ante una crisis de protección a la infancia, sino ante una estrategia de inmigración ilegal subvencionada”, ha advertido Díaz, criticando que se utilicen recursos públicos para sostener centros que “importan conflictos”.
Prioridad: Repatriación y seguridad nacional
La PNL de VOX insta al Ejecutivo regional a iniciar los trámites para la repatriación inmediata de estos individuos con sus familias en sus países de origen, basándose en el principio de que “un menor donde mejor está es con sus padres” y en cumplimiento del artículo 35.2 de la Ley de Extranjería.
Entre las medidas propuestas por VOX destacan:
El refuerzo urgente de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las zonas afectadas.
La reorientación de las partidas presupuestarias de los centros hacia políticas de apoyo a las familias cántabras y servicios públicos esenciales.
La exigencia al Gobierno de la Nación de un control efectivo de las fronteras para paralizar el traslado de inmigrantes ilegales a Cantabria.
Finalmente, Díaz ha exigido que se deje de tratar a estos jóvenes como “mercancía” y se cumpla la ley. “Cantabria no puede convertirse en un destino de inseguridad. Los recursos de los cántabros deben destinarse a garantizar el bienestar de nuestros ciudadanos”, concluyó.
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